La Quotidienne de Bruxelles - Instalación de placas solares sin permiso en tejado comunitario: riesgos legales y económicos

El encarecimiento de la electricidad vuelve a presionar los presupuestos familiares. El precio de la luz ha alcanzado niveles que no se veían desde hace cuatro años y los hogares afrontan el segundo invierno más caro desde 2010. En este contexto, generar electricidad para el propio hogar puede parecer una vía para reducir la factura. La idea resulta especialmente tentadora en los pisos de la última planta, donde la azotea parece estar al alcance. Sin embargo, que el tejado esté cerca no lo convierte en un espacio privado: instalar paneles sin seguir el procedimiento correspondiente puede acabar en un conflicto con la comunidad y en la retirada de la instalación.

La clave está en que la cubierta del edificio suele ser un elemento común. El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a cada propietario modificar los elementos de su vivienda dentro de ciertos límites, pero prohíbe alterar elementos comunes o perjudicar los derechos de otros propietarios por cuenta propia. Por eso, antes de colocar placas en una azotea compartida, hay que revisar las características del edificio, los acuerdos de la comunidad y los permisos que puedan exigir las administraciones.

El artículo 17.1 regula la instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables. A petición de cualquier propietario, puede aprobarse con el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que represente, a su vez, un tercio de las cuotas de participación. La norma contempla que la instalación pueda ser de uso común o privativo, pero eso no convierte la azotea en un espacio de libre disposición ni permite actuar sin atender a los acuerdos comunitarios y a las condiciones aplicables.

La ley también establece que la comunidad no puede repercutir los costes de instalación, conservación y mantenimiento de esas infraestructuras sobre los propietarios que no hayan votado expresamente a favor. En una instalación aprobada, por tanto, el reparto de gastos depende de quién votó a favor y de las condiciones del acuerdo. No debe interpretarse automáticamente como que cualquier vecino que promueva una instalación privada por su cuenta tendrá que asumir siempre todos los costes: eso dependerá de cómo se haya planteado y aprobado el proyecto.

Instalar los paneles sin autorización puede abrir otra vía de conflicto. Si la comunidad considera que la obra afecta a un elemento común, puede requerir al propietario que cese la actuación y, si el problema continúa, iniciar acciones judiciales conforme a la Ley de Propiedad Horizontal. La resolución podría ordenar el cese de la actividad, la reparación de daños o la retirada de la instalación, según las circunstancias.

El artículo 7.2 prevé además que, si la sentencia estima la demanda, el juez pueda acordar la privación del uso de la vivienda o el local por un plazo máximo de tres años. Se trata de una posibilidad excepcional, condicionada a la gravedad de la infracción y a los perjuicios causados a la comunidad; no es una sanción automática por colocar placas sin permiso.

A esas consecuencias pueden sumarse los requisitos administrativos. Las licencias y las sanciones por instalaciones sin autorización dependen de la normativa urbanística y de las ordenanzas aplicables en cada municipio y comunidad autónoma. Antes de invertir, conviene consultar con la comunidad, comprobar qué mayoría y acuerdos son necesarios y confirmar los permisos técnicos y municipales.

En un edificio, el ahorro energético empieza por una instalación bien planificada; hacerlo unilateralmente puede convertir una medida de autoconsumo en un gasto añadido y un problema vecinal.

E.Willems--LCdB